La Ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica y actualiza un gran número de normas para adaptarlas al dictado de la Convención ha supuesto no sólo un cambio en las figuras de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, sino una nueva forma de actuar gran parte de las personas implicadas, cuestión que precisa de un apoyo inicial por el desconocimiento que supone el nuevo procedimiento por el que se rige el establecimiento de apoyos, los informes sociales que habrá que presentar, etc. Supone, además, un cambio de mentalidad que precisará de bastante más tiempo y en el que Plena inclusión Castilla y León plantea un trabajo con las entidades, las familias, profesionales del ámbito jurídico y las personas con discapacidad de cara a acompañar estos cambios, los miedos que pueden aparecer, las nuevas responsabilidades para las personas con discapacidad, procedimientos jurídicos diferentes a los anteriores y, sobre todo, una concepción de las personas con discapacidad que las sitúa como protagonistas de su vida, con los cambios que esto supone.
Este trabajo transversal desde las áreas de trabajo de la Federación "afectadas" (jurídica, familias y participación ciudadana) ha sido una fórmula exitosa de trabajar una cuestión ardua y compleja como es una reforma legislativa. Es un modelo extrapolable a otras organizaciones con muy buenas valoraciones y del que han surgido materiales muy interesantes a compartir.
Este trabajo ha permitido elaborar distintos materiales para dar respuesta a las necesidades detectadas en los protagonistas de las reformas. Y ha conseguido mantener un constante dialogo entre las familias, el personal técnico de las entidades, los distintos profesionales del ámbito jurídico y las personas con discapacidad intelectual, lo cual sitúa los derechos de estos últimos en cabeza del modelo de atención centrado en la persona.
