Existen multitud de escalas que nos permiten medir la calidad del servicio que ofrecemos a las personas en situación de discapacidad, así como la calidad de la asistencia o la idoneidad de los recursos empleados, tanto materiales como humanos. Los resultados de estas mediciones estarían incompletos siempre y cuando no contemplen el grado de satisfacción con el que, los receptores de las mismas, perciban este despliegue de recursos, por un lado, y una influencia mínima en las tomas de decisiones que les afectan directa o indirectamente. Por ello, la participación y la autorepresentación de las personas en situación de discapacidad en las entidades a las que están adscritos es una variante que determina cualitativamente la adecuación de aquello que se impulsa a nivel asociativo. Los valores democráticos sobre los que se basa nuestra sociedad son los que dinamizan estos procesos participativos que nos dotan de ciudadanía y de derechos.
