Existen datos que nos indican que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo encuentran importantes barreras en el disfrute de su derecho de acceso a la justicia. Estas barreras pueden estar relacionadas con dificultades de comunicación y comprensión de la propia persona; con nuestro modelo sociocultural del que derivan prejuicios y estereotipos sobre la discapacidad; con la falta de conocimiento de los profesionales sobre las personas con discapacidad y sus derechos; o con la inflexibilidad del sistema de Administración de Justicia. Para lograr una igualdad efectiva con el resto de la población es necesario lograr que los procesos se flexibilicen y se realicen ajustes de procedimiento que los hagan accesibles para las personas. Además, es necesario que todos los operadores jurídicos dispongan de una adecuada capacitación. Para intentar mejorar esta situación, hemos abordado un proyecto para sensibilizar y formar a abogados en ejercicio. Para ello hemos prestado formación en el derecho de acceso a la justicia a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Posteriormente, con colaboración de la Fundación de la Abogacía Española, estamos proporcionando módulos formativos en Colegios de Abogados de toda España. Estos módulos los están impartiendo personas con discapacidad intelectual, profesionales del programa de apoyo a personas reclusas y ex reclusas y abogados de la Red de Juristas de Plena inclusión.
