La Justicia y, en concreto, los procedimientos judiciales, son un ámbito muy especializado que hace uso de protocolos, lenguaje y roles que quienes no trabajan habitualmente en este ámbito o están formados en ello, suelen tener dificultades para comprender.
Las personas con dificultades cognitivas, como las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, suelen tener más problemas de los que ya tendrían personas sin estas discapacidades. La dificultad para comprender lo que es y lo que supone una denuncia, las fases que tiene un procedimiento judicial, lo que se espera de ella a lo largo de ese proceso, lo que es un testimonio, el rol de cada agente que interviene, sus derechos, etc. hacen que la persona con discapacidad intelectual que ha sufrido alguna situación de maltrato viva una revictimización (es decir, una nueva situación de maltrato causada precisamente por el paso por el sistema judicial, que obliga a la víctima, entre otras cosas, a dar el testimonio de su maltrato repetidamente, con lo que la persona revive de alguna manera la situación de victimización).
Estas dificultades se pueden convertir en barreras para el acceso de las personas con discapacidad intelectual al derecho a la Justicia si no se les brinda los apoyos necesarios. Uno de esos apoyos es el facilitador, que ayuda a persona con discapacidad intelectual a comprender todos los elementos del procedimiento judicial, ayuda a explicar a los agentes judiciales las características individuales de la persona víctima y le sugiere los apoyos necesarios para que la obtención del testimonio se produzca en las mejores condiciones.
Desde que se creó la la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce en 2010, se está trabajando para que la figura del facilitador sea conocida y pueda intervenir lo más posible en los casos en los que la víctima sea una persona con discapacidad intelectual.
